Una nueva iniciativa legislativa presentada en Chile ha encendido la discusión pública al proponer sanciones para familiares que no mantengan visitas regulares a sus adultos mayores. El objetivo declarado del proyecto es enfrentar el aislamiento y la soledad que afecta a un número creciente de personas de la tercera edad.
La propuesta plantea la creación de parámetros formales para evaluar la frecuencia de las visitas familiares, así como eventuales medidas legales o administrativas en caso de incumplimiento. Sus impulsores argumentan que el acompañamiento emocional es un factor clave para la salud mental y calidad de vida de los adultos mayores, y que el Estado debe asumir un rol activo frente al abandono.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de cuestionamientos. Especialistas y voces ciudadanas advierten sobre los límites de la intervención estatal en la vida privada, y se preguntan si es legítimo transformar los vínculos afectivos en una obligación legal.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la diversidad de realidades familiares. En redes sociales y espacios de opinión se ha instalado con fuerza la pregunta sobre qué ocurre en casos de relaciones marcadas por violencia, abuso o abandono previo, donde forzar el contacto podría resultar revictimizante.
El proyecto, aún en etapa de discusión, ha logrado algo clave: poner sobre la mesa una conversación incómoda pero necesaria sobre envejecimiento, cuidado, responsabilidad familiar y el rol que debe cumplir el Estado en una sociedad que envejece rápidamente.
Ahora la pregunta queda abierta:
¿Debe el cariño transformarse en ley, o existen otras formas de proteger a nuestros adultos mayores sin imponer sanciones?
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